Entre gritos, reclamos y una guerra de redes, las 800 familias damnificadas siguen esperando soluciones. El agarrón entre la diputada panista Xóchitl Contreras y el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, dejó algo más que gritos en el Cabildo de Ciudad Juárez. Exhibió la incapacidad de la clase política para ponerse de acuerdo siquiera frente a una emergencia que ha golpeado el patrimonio de unas 800 familias. La legisladora llegó acompañada de vecinos para exigir el desazolve del dique de Gardeno, un problema denunciado desde 2021. El alcalde respondió con reproches presupuestales y acusaciones contra la oposición. Ambos tenían argumentos que defender, pero ninguno pudo presentar una fecha cierta para resolver el problema de fondo. Y mientras el intercambio subía de tono, los damnificados seguían preguntándose quién demonios iba a sacarles el agua de sus casas. Lo ocurrido no terminó en el recinto municipal. La confrontación saltó a las redes sociales, donde el debate sobre las inundaciones comenzó a mezclarse con ataques políticos contra la imagen de Contreras. Las sospechas giran sobre una eventual operación de bots para desacreditarla. Lo preocupante es la facilidad con que una emergencia ciudadana puede convertirse en una batalla de reputaciones. Porque si la discusión se reduce a destruir adversarios, Gardeno deja de ser una prioridad para convertirse en munición partidista. Y ahí pierden los vecinos, independientemente de quién consiga más aplausos digitales. Tampoco la diputada puede pretender que un exhorto aprobado por unanimidad sea suficiente para resolver una crisis de infraestructura que requiere dinero, proyectos y coordinación institucional. Ortiz Orpinel, por su parte, tiene razón al plantear la discusión sobre los recursos y las autorizaciones urbanísticas que permitieron construir en zonas inundables, pero señalar responsabilidades del pasado no sustituye las obligaciones del presente. ¿Quién autorizó esos fraccionamientos? ¿Dónde quedaron las obras pluviales? ¿Cuánto se ha presupuestado y ejecutado desde que comenzaron las advertencias? Esas son las preguntas que deberían incomodar a funcionarios municipales, legisladores, desarrolladores y autoridades estatales por igual. No los videos, las indirectas ni las acusaciones lanzadas frente a las cámaras. La verdadera fotografía política de Gardeno no es la de dos funcionarios discutiendo a gritos, sino la de familias viendo cómo el agua se lleva años de trabajo mientras las instituciones se reparten culpas. El Municipio anuncia motobombas y mesas de diálogo; desde el Congreso se presentan exhortos y exigencias. Todo políticamente rentable, pero insuficiente si no hay presupuesto, responsables y fechas de cumplimiento. La prueba no estará en quién ganó el enfrentamiento ni en quién domina las redes, sino en si antes de la próxima tormenta existe una solución verificable. Porque las inundaciones no distinguen colores partidistas, pero sí dejan al descubierto los costos de la improvisación, las omisiones y una política que suele llegar cuando el agua ya está dentro de las casas.
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