Ciudad Juárez.- Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos de mujeres afirmaron que la cifra de hostigamientos y abusos sexuales aumentó en Chihuahua desde 2008, cuando comenzó el combate del gobierno contra los cárteles de la droga.
Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), informó que en 2007 recibieron tres quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, esa cifra —donde las víctimas fueron exclusivamente mujeres— se incrementó a 88 en 2008 y bajó a 78 en 2009. En total, dijo, están documentadas 311 quejas por abusos contra la población en general.
La Cedehm precisó que en al menos 12 casos se trató de violaciones sexuales “tumultarias” contra mujeres, perpetradas en este periodo por hombres armados en Chihuahua.
La derechohumanista dijo que las organizaciones civiles de Chihuahua y de Washington han presentado un memorándum para denunciar la violencia contra las mujeres, que se ha incrementado en los últimos tres años, “a partir de la lucha contra el narcotráfico”.
Castro dijo que se pretende mostrar la “incapacidad” del gobierno mexicano para rendir cuentas sobre las acciones de sus fuerzas armadas. El Cedehm reportó que la violencia se recrudeció con la presencia del Operativo Conjunto Chihuahua, cuando llegaron más de 8 mil efectivos federales, entre militares y policías.
Presas del miedo
En esta frontera existen centenares de mujeres, quienes por miedo y temor a represalias o a ser víctimas de alguna acción, no han presentado quejas por abusos de los policías y soldados, señaló la activista.
“Ciudad Juárez se ha caracterizado por el miedo y ello ha impedido que algunas mujeres víctimas de la violencia denuncien los hechos por amenazas de muerte”.
Entre los abusos que organizaciones civiles han denunciado en esta frontera y en la capital, está la queja de “tocamientos” que realizan militares y policías federales a mujeres que viajan en sus automóviles y que son detenidas, bajo pretexto de revisión en búsqueda de drogas.
Parálisis gubernamental
El diputado local y luchador social, Víctor Quintana Silveyra, dijo que el ejemplo más palpable de la parálisis gubernamental lo da la mesa de derechos humanos. “Aun cuando han fungido como interlocutores de las organizaciones sociales funcionarios de buen nivel de Segob y Sedena, los avances son nulos”.
Las y los derechohumanistas tienen que comenzar de cero en cada nueva sesión de trabajo, y no hay voluntad política alguna para esclarecer las violaciones de garantías por parte de miembros de las Fuerzas Armadas ni mucho menos se da razón de los desaparecidos.
Explicó que el caso de los jóvenes José Ángel Alvarado Espinoza, Nitza Paola Espinoza y Rocío Espinoza, levantados por efectivos militares desde el 29 de diciembre en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, sigue en espera de una respuesta.
“Por más pruebas que se aportan, el Ejército siempre niega su participación en la desaparición forzada de los jóvenes y desconoce la existencia de militares plenamente identificados”.
Indicó que a cuatro semanas del inicio de las mesas de trabajo, de los anuncios de “espectaculares inversiones y gastos sociales”, y de la llegada de cientos de efectivos más a reforzar el operativo conjunto, el pesimismo cunde.
El gobierno federal trata, dijo, de meter con calzador las demandas sociales al esquema de los programas ordinarios, con sus rígidas reglas de operación, mientras que, muy aparte, la administración estatal anuncia sus propias inversiones. En general hay descoordinación de gobiernos y la exclusión de la sociedad civil.
Reportero: Lizandro Ramos
