Chiapas.- Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puso en operación la Red de Atención Integral para Víctimas del Delito de Secuestro en Chiapas, que facilitará a los agraviados el acceso a los sistemas de auxilio y protección.
Al suscribir un convenio de colaboración en la materia con el gobierno del estado de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hizo un llamado para sumar esfuerzos de la sociedad civil y de instituciones públicas para proteger a las víctimas de ese lacerante fenómeno delictivo.
En el marco de la firma de ese convenio, el Ombudsman nacional denunció que las víctimas sufren, además del embate directo de la delincuencia, la falta de atención de instituciones.
“La víctima padece un sufrimiento físico emocional, social, cultural o económico a consecuencia de una conducta antisocial. Existe un antes y un después en la vida de una persona que ha sufrido secuestro. Este delito crea una situación de estrés porque representa un daño y un peligro de muerte para la víctima; y para la familia, vivir con temor ante la posibilidad de ser victimizada nuevamente”.
Puso en relieve que en la mayoría de los casos no reciben asistencia judicial, médica o psicológica, desconocen el estado del proceso y difícilmente obtienen la reparación de los daños causados.
Plascencia Villanueva subrayó la importancia de impulsar desde los poderes legislativos estatales reformas legales que permitan a las víctimas intervenir directamente en los procesos penales, recibir asistencia judicial y establecer mecanismos que garanticen de manera real y efectiva su exigencia de justicia.
Dio a conocer que el acuerdo contempla acciones de promoción y difusión de los derechos de las víctimas, asistencia jurídica, atención médica y psicológica, así como herramientas institucionales para garantizar la protección de sus derechos humanos.
Ante servidores públicos federales, estatales y municipales reunidos en el Centro de Convenciones, el Ombudsman nacional manifestó que el respeto a la ley y a las instituciones es una condición indispensable para hacer efectivo el funcionamiento de una sociedad democrática.
“La Cultura de la Legalidad es un aspecto fundamental para el desarrollo del país porque representa una herramienta de cambio y evolución. Orienta a la sociedad y propicia su progreso sobre la base del conocimiento y el cumplimiento de la ley”, afirmó”.
Reportero: Yuriko Montoya Luna
