Tardará un año CEDH en emitir recomendación por caso del crematorio Plenitud

Ciudad Juárez.– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) podría tardar hasta un año en emitir una recomendación formal sobre el caso del crematorio Plenitud, donde fueron hallados 386 cuerpos apilados en condiciones irregulares.

Así lo informó Alejandro Carrasco Talavera, presidente interino del organismo, al señalar que aún continúa el proceso de revisión y deslinde de responsabilidades entre las distintas autoridades involucradas.
Carrasco Talavera explicó que la CEDH inició una queja de oficio dirigida a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), misma que ya entregó la información requerida dentro del plazo establecido, que concluyó el pasado martes. 

El material será analizado para determinar si existen otras dependencias municipales, estatales o incluso federales que hayan omitido responsabilidades en materia de supervisión o regulación.

Estamos analizando qué área del municipio podría tener responsabilidad, dependiendo de la respuesta que nos dio Coespris. 

No descartamos que también haya competencia de alguna autoridad federal; de ser el caso, daremos vista a la instancia correspondiente. detalló.

Agregó que, como parte del procedimiento, se solicitará información contextual adicional, así como la colaboración de expertos —personas físicas o morales— con conocimientos sobre el tratamiento de cuerpos para cremación, a fin de contrastar la información disponible y evaluar las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

Carrasco subrayó que la complejidad del caso obliga a realizar un análisis exhaustivo para que, en su momento, la recomendación incluya propuestas claras de reparación integral del daño, orientadas a cada dependencia conforme a su nivel de responsabilidad. 

Por ello, dijo, el plazo estimado para la emisión de dicha recomendación podría extenderse hasta un año.

Finalmente, informó que este mismo jueves sostendrá una reunión entre personal de Coespris, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para definir una hoja de ruta que permita establecer con claridad qué autoridades se encargarán de atender a las familias afectadas y qué tipo de servicios se les brindarán en cada fase del proceso.