Proponen reformar Ley de Salud para regular residuos peligrosos

Chihuahua.- La diputada Rosana Díaz, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley de Salud del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la regulación sobre la gestión de residuos biológicos peligrosos, particularmente en establecimientos que prestan servicios funerarios y de cremación.

Durante su intervención, la legisladora argumentó que la reforma es necesaria para garantizar la integridad y la salud pública, tras señalar una serie de omisiones del Estado en la supervisión de estos servicios. Citó como ejemplo el caso ocurrido en el velatorio Tudela, en Ciudad Juárez, donde, afirmó, “quedó al descubierto una serie de omisiones por parte del Estado y de malos manejos por parte de particulares que lamentablemente burlaron el dolor de las familias de las personas fallecidas”.

Rosana Díaz advirtió sobre los riesgos que representa el manejo inadecuado de cadáveres y residuos que, al ser vertidos sin tratamiento adecuado al drenaje, introducen agentes patógenos peligrosos en el sistema urbano. “No hablamos de riesgos teóricos. Hablamos de virus de notable resistencia ambiental como el de hepatitis B, hepatitis C y bacterias como Mycobacterium tuberculosis”, expresó.

La diputada también alertó sobre la amenaza que representan sustancias químicas utilizadas en los procesos de embalsamamiento, como el formaldehído, “clasificado sin ambages por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un cancerígeno del grupo uno”.

En su exposición, destacó la necesidad de cumplir con normas oficiales mexicanas, como la NOM-002-SEMARNAT-1996, sobre descargas de aguas residuales, y la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, relativa al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, señalando que, aunque esta última no menciona expresamente a funerarias y crematorios, sí contempla el tratamiento de cadáveres.

La legisladora insistió en que el Estado debe asumir su obligación de construir “marcos regulatorios idóneos para evitar a toda costa cualquier desgracia o delito en perjuicio de la ciudadanía”.