Denuncian maestros conflicto sindical y exigen democratización

Ciudad Juárez.– En medio de un creciente clima de inconformidad dentro del sector educativo, el director escolar José Alberto Gonzaga Agüero se posicionó en torno al conflicto sindical que atraviesan docentes en la región, señalando la existencia de cuestionamientos serios sobre una posible coordinación indebida entre dirigencias sindicales y autoridades educativas, situación que ha sido calificada por sectores del magisterio como un “confaburismo” que debe esclarecerse.

Durante un encuentro y análisis surgido desde los propios centros de trabajo, se expuso que el malestar no es reciente, sino resultado de una acumulación de prácticas que han generado desconfianza entre las bases docentes. 

Entre ellas, destacan la falta de información oportuna, la ausencia de acompañamiento jurídico efectivo y la percepción de una distancia cada vez mayor entre la dirigencia sindical y las necesidades reales de maestras y maestros en las escuelas.

Uno de los puntos que ha intensificado la tensión es la prolongación del proceso electoral sindical por un año más, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una estrategia que posterga la renovación de liderazgos. 

Mientras la dirigencia nacional presume la fortaleza del sindicato, desde las bases se advierte una brecha significativa entre el discurso institucional y la realidad que enfrentan diariamente los trabajadores de la educación.

En este contexto, Gonzaga Agüero subrayó que el movimiento emergente no busca confrontación directa, sino una transformación profunda basada en la participación informada de las bases. 

“El origen de este movimiento está en las escuelas, en la necesidad de recuperar la voz del docente y construir una representación auténtica, cercana y responsable”, se ha planteado en los posicionamientos.

Asimismo, se han señalado problemáticas estructurales que afectan al magisterio, entre ellas la violencia en distintos ámbitos, tanto dentro de las dinámicas sindicales como en el entorno institucional, la falta de protocolos eficaces de protección y la vulnerabilidad que enfrentan quienes deciden denunciar irregularidades sin contar con respaldo legal adecuado.

Otro de los temas centrales es la situación jurídica de los docentes. Se mencionaron múltiples quejas relacionadas con la falta de acompañamiento por parte de instancias legales vinculadas al sector, lo que ha dejado a trabajadores en estado de indefensión ante conflictos administrativos y laborales. 

En este sentido, se enfatizó la urgencia de contar con asesoría confiable y permanente.
En el ámbito técnico-educativo, también se destacaron inconsistencias en procesos vinculados a herramientas como SICAM y figuras como los ATPs (Asesores Técnicos Pedagógicos), quienes, a pesar de contar con reconocimiento en sus funciones, enfrentan obstáculos para la asignación de claves oficiales, lo que limita su desarrollo profesional y genera incertidumbre laboral.

El movimiento, que se define como regional con base en Ciudad Juárez, ha sido enfático en deslindarse de estructuras tradicionales como el sindicato nacional y otras corrientes magisteriales, apostando por una representación más amplia que incluya a docentes de distintos niveles educativos; primaria, secundaria, técnicas, educación física, entre otros. 

La intención, aseguran, es construir una organización incluyente que responda a las realidades locales.
De igual forma, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar y, en su caso, modificar aspectos legales y normativos del sistema educativo, incluyendo el Plan 2022, pero desde una perspectiva construida desde las bases. 

Se insiste en que cualquier transformación debe surgir del análisis directo de quienes viven el sistema educativo día a día, evitando replicar modelos externos o prácticas partidistas.

Un punto clave dentro del posicionamiento es el llamado a evitar divisiones entre comunidades escolares. 

Los impulsores del movimiento han reiterado que no buscan confrontar a escuelas ni actores específicos, sino generar un proceso colectivo de reflexión y cambio que fortalezca al sector educativo en su conjunto.

Finalmente, se advirtió que, conforme a la legislación vigente, los procesos sindicales tienen plazos definidos que no pueden extenderse indefinidamente. 

En caso de omisiones por parte de la dirigencia, se planteó que las propias bases tienen la facultad de organizar y convocar conforme a derecho para garantizar la renovación democrática de sus elecciones.

El conflicto sindical en el sector educativo de Ciudad Juárez se perfila así como un punto de inflexión, donde las exigencias de transparencia, participación y defensa de derechos laborales colocan a las bases docentes como protagonistas de un proceso que podría redefinir la representación sindical en la región.