Investigan posible ecocidio por tala de más de 200 árboles centenarios

Autoridades federales revisan actuación de dependencias municipales

Ciudad Juárez.- La presunta tala de más de 200 árboles centenarios en un predio donde desarrolla un proyecto la empresa Vesta Baja California S. de R.L. de C.V. ha detonado una investigación por parte de autoridades ambientales federales, al considerarse uno de los posibles casos de mayor impacto ecológico registrados en la región durante las últimas dos décadas, señaló el colectivo de Árboles en Resistencia.

De acuerdo con la denuncia, la intervención fue autorizada por la Dirección de Parques y Jardines del Municipio, dependencia que habría emitido los permisos para el derribo del arbolado.
Sin embargo, la controversia no se limita a la pérdida de la vegetación, sino que también alcanza la presunta autorización para reubicar una acequia fuera del predio o hacia sus límites, una infraestructura hidráulica cuya regulación corresponde, en principio, al ámbito federal.

Ante estos hechos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) iniciaron una investigación para determinar si existieron violaciones a la legislación ambiental, forestal e hidráulica, así como posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de las autorizaciones otorgadas.

Las indagatorias buscan establecer si la tala de los árboles cumplió con los procedimientos legales, si existían los estudios de impacto ambiental correspondientes y si la modificación de la acequia fue autorizada por las autoridades competentes conforme a la legislación federal vigente.

Diversos sectores ambientalistas han calificado el caso como un posible ecocidio, debido a la pérdida irreversible de árboles con varias décadas —e incluso siglos— de desarrollo, cuya función ecológica incluía la captura de carbono, regulación del microclima, conservación de biodiversidad y protección del suelo.

Además del daño ambiental, la investigación federal también analizará la legalidad de las actuaciones de las autoridades municipales involucradas, ante la presunción de que pudieron haberse excedido en sus atribuciones al autorizar acciones sobre bienes y recursos cuya competencia corresponde a la Federación.

Hasta el momento, las dependencias federales no han emitido una resolución sobre el caso, por lo que la investigación continúa en curso. De confirmarse irregularidades, podrían derivarse sanciones administrativas, ambientales e incluso penales para los particulares y servidores públicos que resulten responsables.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos, quienes demandan transparencia en las investigaciones y la aplicación de la ley para garantizar la protección del patrimonio natural y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.