La Canaco no tiene dueño; tiene consejeros que deben rendir cuentas

Hay dirigentes que fortalecen instituciones y otros que terminan creyendo que las instituciones les pertenecen. La diferencia no está en el discurso, sino en la manera en que toman decisiones, administran recursos y responden cuando se les exige transparencia.

En Ciudad Juárez, la discusión ya no debe centrarse únicamente en Iván Antonio Pérez Ruiz, presidente de CANACO Juárez. También debe alcanzar a los integrantes del Consejo Directivo que lo eligieron, que conocen y aprueban los informes de Tesorería y que tienen la obligación de vigilar que el patrimonio y la representación de la Cámara se utilicen en beneficio de sus afiliados.

Porque Iván Pérez es presidente del Consejo, pero no es dueño de la Cámara.

La CANACO Juárez pertenece a sus afiliados. La Asamblea elige a los consejeros y éstos eligen al presidente. Pudieron haber elegido a cualquier otro empresario y, si consideran que la conducción institucional se ha apartado de los intereses de la organización, también pueden corregir el rumbo conforme a sus estatutos.

Ser consejero no consiste solamente en ocupar una silla, asistir a una sesión o aparecer en una fotografía. Significa responder por las decisiones que se aprueban, por los informes financieros que se validan y por los actos que se realizan en nombre de la institución.

Una conducta que parece repetirse

Lo ocurrido durante los últimos años muestra un patrón que merece ser explicado.

Cuando Iván Pérez no logró consolidar su influencia dentro de CONCANACO SERVYTUR, promovió la creación de FECOMEX, una asociación paralela desde la cual intentó construir una representación alternativa. Ahora, después de no obtener la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, vuelve a impulsarse la idea de formar otro organismo empresarial.

La pregunta es inevitable:

¿Estas decisiones fueron aprobadas por el Consejo Directivo de CANACO Juárez o responden exclusivamente a la voluntad de su presidente?

Si la creación de FECOMEX fue una decisión institucional, que se presente el acta correspondiente.

Si la salida de CANACO Juárez del CCE fue aprobada por los consejeros, que se publique la votación.

Si existe un acuerdo de Asamblea, que se exhiba.

Y si no existen esos documentos, entonces debe aclararse con qué autoridad se comprometió la representación de miles de afiliados.

La reunión que no consiguió el respaldo esperado

La reunión realizada el jueves 16 en un restaurante de un hotel de Ciudad Juárez pretendía dar forma a un organismo alternativo al CCE. Sin embargo, la convocatoria no consiguió el respaldo que aparentemente se esperaba.

No asistieron diversos empresarios y dirigentes con representatividad relevante, entre ellos Héctor Núñez, Thor Salayandía, Cristina Cunningham, Juan Ubaldo Benavente, Gerardo Benavente, Alejandro Ramírez, Manuel Sotelo, Eduardo Ramos Morán y Rogelio Ramos.

La ausencia de estos liderazgos no puede interpretarse automáticamente como una postura uniforme, pero sí demuestra que la iniciativa no logró reunir a una parte importante del empresariado organizado de la frontera.

Además, durante la reunión surgió una pregunta elemental: ¿qué necesidad existe de formar otro organismo cuando los asistentes ya pertenecen a cámaras, asociaciones, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, y cuando ya existe un Consejo Coordinador Empresarial?

Hasta ahora no se ha presentado públicamente una respuesta clara sobre el valor agregado, la representatividad, los objetivos o las reglas de gobernanza de esa nueva agrupación.

La fragmentación de la representación empresarial no fortalece a Ciudad Juárez. La debilita frente a los gobiernos, reduce su capacidad de interlocución y convierte las diferencias personales en divisiones institucionales.

Las cuentas de la Cámara también deben abrirse

La rendición de cuentas no puede limitarse a explicar por qué se abandonó el CCE o por qué se creó FECOMEX.

También debe abarcar los recursos de CANACO Juárez.

Los consejeros reciben y aprueban mensualmente los informes de Tesorería. Por ello, no pueden presentarse como espectadores de las decisiones administrativas y financieras. Son corresponsables de supervisar el presupuesto, el patrimonio y el destino de los recursos de la organización.

Es indispensable que se hagan públicos:

* Los estados financieros completos de la Cámara.
* Los informes mensuales de Tesorería aprobados por el Consejo.
* Las actas donde consten esas aprobaciones.
* Las auditorías internas y externas de la actual administración.
* Los contratos, ingresos, gastos y patrocinadores de la Feria del Comercio.
* Las cuentas del Festival del Tequila 2025.
* El origen y destino de los recursos públicos que se hayan recibido.
* Los convenios celebrados con autoridades, proveedores y patrocinadores.
* Las obligaciones económicas que actualmente comprometan el patrimonio de CANACO Juárez.

Si la Feria del Comercio y el Festival del Tequila recibieron recursos públicos, su comprobación no es un asunto privado. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se recibió, quién lo administró, cómo se contrató, en qué se gastó y cuál fue el resultado financiero.

Los consejeros que aprobaron los informes relacionados con esos eventos deben explicar si contaron con facturas, pólizas, contratos, conciliaciones bancarias y auditorías suficientes antes de votar.

El patrimonio de Iván Pérez también genera preguntas

A lo anterior se suma un documento fechado el 17 de julio de 2026, titulado Posibles irregularidades administrativas y financieras vinculadas a una red empresarial en Chihuahua. El documento, al que este medio tuvo acceso, no constituye por sí mismo una sentencia ni permite afirmar que sus señalamientos estén judicialmente acreditados; sin embargo, contiene datos concretos que ameritan una aclaración pública y una revisión independiente. Doc - 17 jul 2026 - 4-36 p.m.(1).pdf

El escrito sostiene que Iván Antonio Pérez Ruiz habría realizado operaciones bancarias y adquisiciones durante los últimos años. Entre ellas menciona la recepción de poco más de un millón de pesos provenientes de STE de Juárez durante 2025; fuertes retiros en efectivo; emisión de cheques por más de siete millones de pesos; y la compra de tres inmuebles con valor conjunto superior a 29 millones de pesos.

También afirma que entre 2022 y 2025 habría adquirido vehículos por más de 7.4 millones de pesos y registrado consumos con tarjetas American Express superiores a 31 millones. Asimismo, señala que fiscalmente habría reportado ingresos acumulados por más de 87 millones de pesos entre 2018 y 2025.

Respecto de las empresas relacionadas, el documento menciona que Malotti habría reportado ingresos superiores a 91 millones de pesos y gastos mayores a 114 millones entre 2018 y 2025; y que Corporación Episteme habría declarado ingresos por más de 145 millones y gastos superiores a 161 millones en ese mismo periodo. También refiere transferencias entre ambas empresas y operaciones por varios millones de pesos. Doc - 17 jul 2026 - 4-36 p.m.(1).pdf

Estos datos deben tratarse como señalamientos contenidos en un documento, no como conclusiones definitivas. Pero precisamente por la posición pública y empresarial de Iván Pérez, merecen una explicación documentada.

El tema no consiste en condenar anticipadamente a nadie. Consiste en preguntar si existe congruencia entre los ingresos declarados, las actividades empresariales, las adquisiciones reportadas y la situación financiera de las organizaciones que encabeza.

Si todo tiene una explicación legal, fiscal y contable, lo adecuado es presentarla.

La transparencia protege a quien actúa correctamente. Mientras la Cámara se compromete, ¿quién vigila?

Existe una preocupación adicional: mientras se cuestiona si los recursos y el patrimonio de CANACO Juárez están siendo comprometidos, el documento referido describe un crecimiento considerable en las operaciones, adquisiciones e ingresos vinculados con Iván Pérez y algunas de sus empresas.

No sería responsable concluir, únicamente a partir de ese escrito, que existe enriquecimiento ilícito o desvío de recursos. Pero tampoco sería responsable que el Consejo Directivo guardara silencio.

Los consejeros deben solicitar una auditoría independiente que permita separar con claridad:

1. El patrimonio y las operaciones personales del presidente.
2. Los recursos de sus empresas.
3. Los ingresos y gastos de CANACO Juárez.
4. Los recursos públicos o patrocinios administrados para eventos.
5. Las operaciones realizadas con proveedores vinculados directa o indirectamente con integrantes de la dirigencia.

Esa revisión debe incluir posibles conflictos de interés, contratación con partes relacionadas, anticipos, préstamos, cuentas por cobrar, viáticos, honorarios, compensaciones y cualquier transferencia entre la Cámara, sus eventos, sus proveedores y empresas relacionadas con sus directivos.

Los consejeros no pueden esconderse detrás del presidente

Iván Pérez no llegó solo a la Presidencia. Fue elegido por un Consejo.

Ese Consejo debe responder si conoció, aprobó o permitió las decisiones relacionadas con la salida del CCE, la creación de FECOMEX, la organización de los eventos y el uso de los recursos institucionales.

Entre los consejeros propietarios de 2026 aparecen:

Luis Ricardo Aguilar Anaya, Myrna Nerea Blanco Herrera, Nancy Citlali Contreras Ruiz, Leonardo Gahona Orihuela, Gustavo Hernández Cárdenas, Fernando Hernández Rivera, Roberto Carlos Kong Baquier, Rogelio Ramos Guevara, José Refugio Sánchez Loya y José Rolando Talavera Sánchez.

Como consejeros suplentes de 2026 aparecen:

Jesús Yair Castillo Contreras, Carlos Enríquez Aguilar, Francisco Javier Flores Díaz, Mónica Miroslava García Silva, Ernesto Limas Gaytán, Eric Marín Gómez, Omar Gustavo Marín Sauceda, David Pérez Alcántar, Gabriela Guadalupe Reyes Arzate y Jorge Ruiz Garcés.

Entre los consejeros propietarios de 2025 se encuentran:

Rogelio González Alcocer, Claudia Ivonne García Maldonado, Luis Fernando Rodríguez Ortiz, Georgina Grizelda Malo Nieto, Guillermo Soria Magaña, Norma Judith Chacón Domínguez, Alejandro Hernández Nevárez, Víctor Manuel Espinosa Salinas, Aldo Eligio Reyna Madrigal y Francisco Alejandro Castillo Domínguez.

Y como consejeros suplentes de 2025 aparecen:

Eduardo García Rodríguez, Victoria Buhaya Caballero, Miguel Ángel Macías Avitia, Ana Lilia Moreno Romero, Carmen Joaquina Moreno Villafuerte, María del Carmen Córdova Barrientos, Gabriel Salazar, Georgina Jolly García de Silva, Abel Gallegos Orozco, Luis Raúl Enríquez Legarreta y Karina López Mendoza.

Los reporteros, afiliados y empresarios tienen derecho a buscar a cada uno y formularles preguntas concretas:

¿Aprobaron la salida del CCE?

¿Respaldaron la creación de FECOMEX?

¿Conocieron y aprobaron las cuentas de la Feria del Comercio y del Festival del Tequila?

¿Revisaron las auditorías?

¿Solicitaron información sobre contratos y recursos públicos?

¿Conocen las obligaciones financieras actuales de la Cámara?

¿Respaldan la formación de otro organismo empresarial?

¿Consideran que Iván Pérez sigue representando los intereses de los afiliados?

No se les debe llamar automáticamente cómplices. Pero tampoco pueden evadir su responsabilidad institucional. Si aprobaron las decisiones, deben explicarlas. Si se opusieron, deben informarlo. Y si no conocieron los actos realizados en nombre de la Cámara, deben exigir cuentas.

Los documentos que deben publicarse

Para terminar con las especulaciones, el Consejo Directivo debería ordenar la publicación inmediata de:

1. El acta que autorizó la salida de CANACO Juárez del CCE.
2. El acta donde se discutió o aprobó la creación de FECOMEX.
3. Las votaciones nominales de los consejeros.
4. Los informes mensuales de Tesorería de la actual administración.
5. Los estados financieros y las conciliaciones bancarias.
6. Las auditorías internas y externas.
7. Los contratos y cuentas de la Feria del Comercio.
8. Los contratos y cuentas del Festival del Tequila.
9. Los montos de recursos públicos, patrocinios y aportaciones recibidas.
10. El padrón de proveedores y las posibles partes relacionadas.
11. Las obligaciones, adeudos y compromisos actuales de la Cámara.
12. Las compensaciones, viáticos y beneficios autorizados a la Presidencia y a la Dirección.
13. El inventario actualizado del patrimonio institucional.
14. Los documentos que acrediten que las decisiones se tomaron conforme a los estatutos.

La Cámara pertenece a sus afiliados

La transparencia no se exige únicamente al gobierno. También debe exigirse a quienes administran organismos empresariales, manejan recursos públicos o representan a miles de negocios.

Iván Pérez tiene derecho a responder y presentar los documentos que considere necesarios.

Pero los consejeros también tienen la obligación de hacerlo.

Ellos lo eligieron.

Ellos reciben los informes financieros.

Ellos aprueban o rechazan las decisiones.

Y ellos pueden corregir el rumbo.

La Cámara no tiene dueño.

Tiene una Asamblea, un Consejo Directivo y afiliados que merecen conocer la verdad.

Si existen acuerdos, que se presenten.

Si existen auditorías, que se publiquen.

Si las cuentas están en orden, que se demuestre.

Y si no lo están, que cada integrante del Consejo asuma la responsabilidad que le corresponde.