Arremete Maru contra la 4T; liga salida de Toyota con pactos de impunidad

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Chihuahua, Chih.– La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, lanzó un duro posicionamiento en contra de la administración federal al advertir que México ya se encuentra enfrentando las consecuencias directas de lo que calificó como una protección institucional a figuras políticas señaladas por la justicia de los Estados Unidos.

La mandataria estatal señaló que la postura del gobierno norteamericano de cara a la próxima revisión del tratado comercial, sumada a la decisión de someter al país a evaluaciones anuales, está generando un clima de incertidumbre internacional que desalienta la inversión extranjera directa y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de la nación.

En el desglose de los impactos financieros, la titular del Ejecutivo chihuahuense aseguró que la primera factura por esta pérdida de confianza en los mercados internacionales se materializó con el reciente anuncio de la automotriz Toyota respecto al traslado de su producción desde Tijuana hacia el estado de Texas.

Campos Galván enfatizó que este movimiento representa un golpe directo a la economía mexicana y de manera particular a los estados de la frontera norte, como Chihuahua, cuya base productiva y de desarrollo depende fuertemente de la industria manufacturera de exportación, sentenciando textualmente que los capitales huyen de las regiones donde el Estado de Derecho se negocia.

Asimismo, la gobernadora criticó la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo el argumento de una supuesta falta de elementos probatorios a pesar de los señalamientos que lo vinculan con la delincuencia organizada.

Para la mandataria, dicha postura confirma la existencia de presuntos pactos de complicidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación que priorizan la protección de los aliados políticos por encima de las garantías de seguridad.

Finalmente, Campos Galván hizo un llamado al Ejecutivo federal para romper estas dinámicas institucionales e instó a la ciudadanía a no permitir que el debate público se diluya entre discursos oficiales, recordando que el costo de estas decisiones se mide directamente en empleos perdidos y un futuro incierto para las familias mexicanas.