Exigen a empleado del Poder Judicial pagar deuda que tiene con adulta mayor

Chihuahua.- El abogado Mario Nevares denunció públicamente el proteccionismo institucional y las constantes "chicanas" jurídicas de las que ha sido víctima su representada y madre, una mujer de la tercera edad de 78 años, por parte de Daniel Méndez Ramos, empleado del Poder Judicial del Estado, quien se niega a pagar un adeudo derivado de una sentencia mercantil dictada desde finales del año 2022.

De acuerdo con el litigante, el servidor público fue sentenciado en el juicio ejecutivo mercantil bajo el expediente 32/2022 en el Juzgado Décimo de Distrito. A casi cuatro años de emitido el fallo, el demandado ha evitado el pago de una deuda principal de 55 mil pesos que, sumada a los intereses, ronda actualmente los 100 mil pesos. 
En ese sentido, Nevares señaló que la contraparte ha recurrido de manera sistemática al fraude procesal para burlar la acción de la justicia.

"Yo le embargo el salario y él firma pagarés a algunos conocidos para que le paguen el salario también. Luego le embargué un vehículo y, tres semanas antes de que se lo pudiera quitar, se lo quitaron otros. Ha sido imposible ejecutar la sentencia ante una negativa fáctica de no querer pagar", explicó el abogado.

El litigante calificó la situación como una burla para la ciudadanía y una afectación directa a una persona en condiciones de vulnerabilidad y minoría debido a su avanzada edad. Criticó que una institución encargada de exigir el cumplimiento de la ley a los ciudadanos solape estas conductas entre su propio personal, violando los principios de profesionalismo, honradez y honestidad que se les exigen.

Ante la falta de resultados por la vía mercantil, Nevares recurrió al Tribunal de Disciplina Judicial (antes Consejo de la Judicatura), sin embargo, la queja fue desechada por improcedente en lo que consideró un acto de protección institucional, decisión que actualmente se encuentra impugnada mediante un juicio de amparo. Asimismo, el pasado miércoles 27 de mayo se ejerció la acción penal por particular ante un Juez de Control Federal por el delito de fraude procesal derivado de la simulación de actos judiciales, la cual fue negada en primera instancia y ya ha sido apelada.

El litigante apuntó directamente a los superiores jerárquicos del empleado, haciendo un llamado a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, y a los integrantes del órgano de administración judicial para que dejen de encubrirlo y le ordenen subsanar su situación jurídica. 

Advirtió que existe una "comisión por omisión", ya que el Tribunal tiene la posición garante para asegurar el acceso a la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución y en tratados internacionales.

Finalmente, el abogado manifestó que continuará protestando diariamente en las instalaciones del Poder Judicial amparado en su derecho a la libre manifestación previsto en el artículo sexto constitucional, hasta que se restituya el patrimonio de su madre, quien por motivos de salud y edad no debería seguir esperando el dinero que legalmente le corresponde.