Promueven amparos contra traslado de salas regionales de Parral

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Chihuahua, Chih.– El abogado Mariano Cordero calificó la decisión del Poder Judicial del Estado de trasladar la Sala Penal Regional y la Sala Civil y Familiar Regional del municipio de Hidalgo del Parral a la capital como un severo retroceso en la impartición de justicia. El litigante informó que el pasado viernes, junto con los abogados Vicente Carrillo y José Vences, promovió tres juicios de amparo con el objetivo de impugnar la reubicación de ambas salas regionales.

Explicó que el principal argumento jurídico es que el traslado vulnera el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta, expedita y cercana.De acuerdo con las precisiones brindadas por los litigantes, la movilización física de ambos órganos jurisdiccionales hacia el municipio de Chihuahua genera una brecha sustancial entre las autoridades y la ciudadanía.

El abogado Cordero enfatizó que, al quedar radicados en la sede central, los magistrados perderán el contacto directo y la comprensión certera de la dinámica social e idiosincrasia de la región parralense, factores de contexto que consideró indispensables e inseparables al momento de ponderar los hechos, valorar las pruebas y aplicar criterios de justicia adaptados a la realidad local.

Asimismo, la representación legal advirtió sobre las deficiencias técnicas y de equidad que representa imponer la substanciación de la segunda instancia únicamente por vías virtuales y electrónicas. Los promoventes señalaron que un amplio sector de la población y de las propias víctimas carece de conectividad estable a internet o del conocimiento operativo para dar seguimiento a plataformas digitales, por lo que supeditar la atención jurídica a medios remotos equivale a denegar el acceso a un proceso pronto, expedito y verdaderamente equitativo para las partes involucradas.

Finalmente, el abogado Mariano Cordero sentenció que agotarán de manera rigurosa todas las instancias legales e instrumentos constitucionales a su alcance para revertir el acuerdo del pleno e impedir la centralización judicial. No obstante, advirtió que, en caso de que los tribunales federales no emitan una resolución favorable que ordene restituir la operación presencial de las salas en Parral, la gremial de abogados y diversos colectivos civiles están dispuestos a recurrir a la resistencia civil pacífica como medida de protesta en defensa de la autonomía judicial de la región.

Exigen a diputados frenar atraco a salas regionales de Parral

Mariano Cordero sostuvo que le corresponderá al Poder Legislativo del Estado generar las iniciativas y acciones necesarias para detener la centralización de los órganos jurisdiccionales de Hidalgo del Parral hacia la capital. El litigante calificó de "atraco" la resolución aprobada por el Poder Judicial para trasladar las salas regionales, enfatizando que, aunque la vía constitucional ya fue activada a través de amparos, los diputados locales tienen la responsabilidad política e institucional de intervenir mediante el ámbito de sus atribuciones parlamentarias para proteger los servicios de justicia en la zona sur.

De acuerdo con lo expuesto por Cordero, la comisión de abogados parralenses ha entablado reuniones con distintos actores políticos de la cámara local, incluyendo al presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez, representante del distrito de Parral, y al coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo. No obstante, el litigante lamentó que hasta la fecha no hayan obtenido una postura de respaldo abierto ni un acompañamiento contundente por parte de las y los legisladores para frenar la mudanza de los tribunales.

El especialista en derecho argumentó que la falta de pronunciamientos públicos por parte de los representantes populares obedece a una postura de cautela para evitar confrontaciones directas o invasión de competencias entre poderes públicos. Sin embargo, precisó que la división de poderes no exime a la representación popular de actuar en defensa de sus representados, señalando que el Congreso del Estado cuenta con las herramientas normativas para promover reformas o puntos de acuerdo que reviertan la reestructuración emprendida por el Tribunal Superior de Justicia.

El abogado reiteró que el gremio mantendrá la presión social e institucional hasta agotar todos los recursos legales y legislativos disponibles para impedir la consumación del traslado. Advirtió que la omisión parlamentaria dejaría en la indefensión a miles de usuarios de la región sur de la entidad, por lo que instó a los diputados chihuahuenses a asumir un rol activo y generar las vías legislativas necesarias que impidan el desmantelamiento de la infraestructura judicial presencial en Parral.

Recuerda Cordero lucha que dio origen a salas regionales en Parral

Cordero evocó el movimiento social y gremial emprendido por los colegios de abogados de Hidalgo del Parral a principios de la década pasada, lucha que derivó en la creación de la Sala Penal Regional y la Sala Civil y Familiar Regional en dicho municipio. El litigante recordó que el establecimiento de estos órganos jurisdiccionales en 2013 no fue una concesión gratuita, sino el resultado de años de exigencia comunitaria orientada a descentralizar el sistema judicial, reducir los costos económicos para los usuarios y acelerar los tiempos de respuesta en la resolución de los expedientes.

De acuerdo con el antecedente histórico presentado por Cordero, antes de la consolidación de estos juzgados los profesionales del derecho y la ciudadanía de la zona sur debían trasladarse obligatoriamente a la capital del estado para desahogar cualquier recurso de segunda instancia. Dicha dinámica obligaba a las partes a contratar despachos externos y fijar domicilios procesales en la ciudad de Chihuahua, lo cual encarecía significativamente los litigios, prolongaba los tiempos de espera y generaba una clara barrera de acceso a la justicia para las familias de menores recursos de la región.

El litigante enfatizó que la articulación de este movimiento gremial derivó en la emisión de un decreto por parte del Poder Legislativo a finales de 2013, acuerdo con el cual se dotó de funcionalidad operativa e independencia a las salas regionales. A partir de esa reforma constitucional local, las sedes de Parral asumieron la competencia jurídica para atender las controversias en materia penal, civil y familiar correspondientes a seis distritos judiciales de la zona sur, descentralizando el servicio y garantizando una atención más ágil y cercana a la realidad social de los municipios involucrados.

Mariano Cordero sostuvo que la decisión actual del Poder Judicial de revertir esta conquista histórica e integrar nuevamente las salas a la capital constituye un grave retroceso institucional en la impartición de justicia. El abogado concluyó que la infraestructura conseguida hace más de una década garantizó durante años procesos expeditos y de menor costo, por lo que desmantelar la sede regional de Parral vulnera directamente los derechos ganados por la ciudadanía y la comunidad jurídica de la zona sur del estado.