Refuerzan atención a familias desplazadas por violencia en la Sierra

Chihuahua.- El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas Enrique Rascón Carrillo, informó que la gobernadora Maru Campos instruyó atender con absoluta responsabilidad y compromiso humano a las familias que han sido víctimas de desplazamiento forzado en Chihuahua. 

Señaló, que desde 2022 el estado cuenta con una Comisión de Desplazamiento Forzado Interno que articula una estrategia integral para acompañar a las comunidades afectadas, especialmente en la Sierra Tarahumara, donde la violencia derivada de disputas territoriales ha provocado un éxodo de poblaciones indígenas y rurales.

Asimismo, mencionó que la estrategia estatal contempla cuatro momentos clave, 1.- Atención inmediata con albergue, alimentación y asistencia médica, 
2.- Acompañamiento psicosocial y jurídico para preservar el tejido social 
3.- Proteger la identidad de las familias con programas de integración social y laboral en municipios de acogida 
4.- Seguimiento constante para garantizar la protección de derechos y condiciones de retorno seguro.

“Las familias no abandonan sus comunidades de manera voluntaria, son expulsadas por la violencia”, subrayó Rascón Carrillo.

En ese sentido ,reconoció que aunque el combate al crimen organizado es competencia federal, el gobierno estatal ha destinado recursos presupuestales y operativos para contener la crisis social. 

Sin embargo, advirtió que los esfuerzos locales resultan insuficientes frente a la magnitud del problema, por lo que llamó a la corresponsabilidad y coordinación con el gobierno federal para garantizar presencia permanente y capacidad operativa en la región serrana.

“Hoy Chihuahua acompaña cada etapa de su proceso, ya sea para garantizar un retorno seguro o respaldar su asentamiento temporal. Confiamos en que la suma de voluntades en los tres órdenes de gobierno devolverá la tranquilidad a nuestra sierra y la dignidad que nuestras comunidades merecen”, expresó Rascón Carrillo.

Finalmente, reafirmó el compromiso del estado de no dar un paso atrás en la protección de las familias desplazadas.