Condenan a prisión domiciliaria a periodista en Veracruz
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Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, condenó que el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores haya “consolidado la criminalización” hacia el periodista Rafael León Segovia, pues aunque se desestimaron los cargos por terrorismo, fue vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos en contra de las instituciones de seguridad pública, imponiéndole prisión domiciliara por un año.
La asociación señaló, en un comunicado, que la audiencia transcurrió con múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, en un intento por “atribuir responsabilidad penal” al comunicador.
Señaló que, pese a esto, la defensa del periodista logró evidenciar que no se comprobó ninguna relación real con estructuras delictivas y que la imputación de terrorismo era “completamente arbitraria”.
De acuerdo con la ONG, quedó evidenciado que la FGE Veracruz criminaliza la labor periodística, al inculpar a Rafael León por la información que le llega, a través de distintas fuentes, y sobre la cual reporta oportunamente.
“Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. Es decir, bajo el argumento de que Rafael “llegaba antes” a cubrir la nota, la Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo”, denunció.
Artículo 19 consideró que las acusaciones están sustentadas en un supuesto “testigo protegido”, cuyas declaraciones fueron recabadas con múltiples irregularidades y que son contradictorias. Además, las coberturas periodísticas de Rafael fueron argumentadas por la Fiscalía como presuntas pruebas de hechos ilícitos.
“Bajo estos parámetros se impone un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo que puede dar pie a la criminalización de más personas comunicadoras. Artículo 19 manifiesta su rechazo a la criminalización que Rafael enfrenta por parte de la Fiscalía, y por la falta de apego a derecho que el juez demostró en su determinación”, agregó.
Subrayó que la medida cautelar de arraigo domiciliario hasta que concluya el juicio constituye una medida desproporcionada, ya que impide que el periodista salga a las calles y continúe con su cobertura, “afectando no solo la forma de vida y los derechos del periodista sino también el derecho a la información de la sociedad”.
Exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga en el caso de Rafael, gestionando medidas de protección inmediatas para el periodista y su familia, quienes se encuentran en riesgo en un contexto de reiteradas amenazas y persecución.
Por otra parte, exigió de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado cesar la criminalización de la labor periodística y al Poder Judicial del Estado de Veracruz a garantizar condiciones mínimas de independencia e imparcialidad.
Reporteros que cubrían la audiencia de Rafael León, también conocido como “Lafita”, mostraron el traslado del periodista, quien se encontraba esposado pese a que se desestimaron los cargos de terrorismo en su contra.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que la detención de León Segovia tenga que ver con la libertad de expresión. El pasado 26 de diciembre, dijo que en el estado hay libertad de prensa “hasta con excesos” y que de su gobierno no ha habido un solo reclamo o señalización.
“Para la ley todos somos iguales, entonces la Fiscalía junto con la Fiscalía General de la República, están llevando investigaciones serias en nuestro estado y quien tenga pues alguna prueba donde tengan evidencias pues es donde se va a actuar, no puedo decir más porque no quiero violar el debido proceso”, dijo.
Nahle aseguró que la aplicación de la ley es pareja para todos y que, de acuerdo con ella, los medios de comunicación “se dieron vuelo” en coberturas como la de la contingencia durante las pasadas inundaciones en zonas como Poza Rica.
(Información de El Universal)
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