Congelan diputados 30 iniciativas contra reclutamiento de menores

La Cámara de Diputados mantiene “congeladas” al menos 30 iniciativas presentadas durante la actual legislatura para tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, y sancionar este delito con penas de 20, 35, 50 y hasta 140 años de prisión.

El gobierno de México tiene como prioridad, para los próximos cuatro años, impedir el reclutamiento de menores de 18 años, de acuerdo con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna).

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentan el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, por el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven.

Legisladores de todos los grupos parlamentarios han señalado la urgencia de castigar a quien enliste, contrate o rapte a menores de edad para obligarlos a participar en la comisión de delitos, actividades ilícitas o acciones armadas, pero hasta el momento no ha prosperado ninguna de esas propuestas.

Sin embargo, en entrevista con MILENIO, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, confió en la disposición de las diversas fuerzas políticas a construir los acuerdos y aprobar la reforma contra el reclutamiento criminal de niñas, niños y adolescentes en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Claramente hay un reclutamiento forzado de jóvenes, de adolescentes, y eso se debe detener. Yo espero que podamos construir el acuerdo para que, en el periodo que inicia en febrero, este dictamen se vuelva un dictamen aprobado, se vaya a la colegisladora y después sea derecho vigente para que beneficie a las familias en México”, subrayó la legisladora del PAN y proponente de una de las iniciativas en la materia.

López sostuvo que la reforma debe considerar los aspectos preventivo y punitivo para evitar la captura de los jóvenes, pero también para sancionar con todo rigor a quienes, en su caso, los recluten y obliguen a delinquir.

El apremio para tipificar en el Código Penal Federal y castigar el reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada cobró nuevamente fuerza tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, a manos de Víctor Manuel Ubaldo, un joven de 17 años identificado por la Fiscalía de Michoacán como sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Es la actitud criminal a través de obligarlos a hacer un acto delictivo, como ha quedado claro en varios casos, como el de Carlos Manzo. 17 años, o sea, a lo mejor ese joven que ya no vive, que delinquió, en un delito muy grave, a lo mejor fue reclutado de esa manera. ¿Cuántos jóvenes menores de edad o mayorcitos de edad, pero jóvenes, son usados por la propia delincuencia? Hay que ponerle un alto a la sangría de nuestros jóvenes usados por la delincuencia organizada”, puntualizó el diputado Ricardo Mejía, del PT, promotor de otra de las iniciativas.

​El legislador coahuilense aseguró que la Comisión de Justicia prevé convocar a sus integrantes en enero para discutir las propuestas y establecer ya el tipo penal de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las organizaciones delictivas.

“¿Esto contra quién va? Contra las organizaciones criminales que, a través de redes sociales, falsas ofertas de trabajo o cualquiera que se puede utilizar para engañar y luego forzar a la juventud; los reclutan y los convierten después en informantes, halcones, sicarios de la propia criminalidad”, señaló.

Cárcel vitalicia a reclutadores

Entre las 30 iniciativas “congeladas” para tipificar y sancionar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado destaca, por su severidad, la presentada por el diputado panista Héctor Saúl Téllez, y respaldada por su grupo parlamentario para castigar el delito hasta con 140 años de cárcel.

“Comete el delito de reclutamiento ilícito el que utilice, enliste, reclute, contrate, incorpore, capte, ingrese, admita o rapte, y exija, obligue, force o coaccione a participar directa o indirectamente en la comisión de uno o varios delitos, actividades ilícitas o violentas, hostilidades o acciones armadas, a niños, niñas y adolescentes. Por tal delito se impondrán de ochenta a ciento cuarenta años de prisión”, plantea.

Con diversos matices en la definición del tipo penal y diferencias en las penalidades propuestas, legisladores como el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira; la lideresa de la bancada de MC, Ivonne Ortega; la diputada Margarita Zavala, del PAN; Naty Jiménez, de Morena; Felipe Delgado Carrillo, del PVEM, además de Kenia López y Ricardo Mejía, entre otros, han presentado sus respectivas iniciativas en la materia, a la espera de dictamen en comisión y discusión en el pleno.

Siete entidades, con alto riesgo de reclutamiento

En su audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de noviembre en Miami, Florida, la Red por los Derechos de la Infancia en México advirtió que, de acuerdo con investigaciones realizadas en 2021 y actualizadas en 2025, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos de la delincuencia organizada en México.

“El reclutamiento ocurre principalmente en territorios donde la violencia y la impunidad se han normalizado. Los estudios de Redim muestran patrones comunes en Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, donde confluyen pobreza, abandono escolar, violencia familiar, presencia armada y ausencia de garantías de protección”, señaló.
La organización advirtió que México carece de una política pública integral, sostenida y especializada para prevenir, identificar, atender y reparar el daño a las víctimas de reclutamiento, mientras el marco normativo vigente tampoco reconoce el reclutamiento como delito autónomo, ni garantiza que las y los adolescentes reclutados sean reconocidos como víctimas.

Pidió por ello a la CIDH avanzar en una recomendación para instar al Estado mexicano a tipificar el delito, establecer rutas de prevención e identificación temprana y adoptar un programa nacional de desvinculación y reparación integral.

 

 

(Información de Milenio)