No confiamos en las autoridades: afirman abogados

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Tijuana.- El asesinato del abogado Arturo Pérez Anguiano-Scully encendió nuevamente la alerta en el gremio jurídico del Estado, que señaló la debilidad de la estrategia de seguridad, la persistente impunidad y la falta de confianza en las autoridades, a la vez que exigió investigaciones claras y acciones efectivas.

En entrevista, David Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California (Fedabo) sostuvo que el homicidio de su colega refleja que existe una “gran impunidad” en la entidad.

Dicha situación –dijo– es alarmante no solo para el gremio de abogados, sino también para la ciudadanía, pues el gobierno debe brindar seguridad, independientemente de la profesión u oficio que cada persona ejerza.

Sostuvo que los abogados afiliados a la Fedabo nunca han confiado en las autoridades, desconfianza que –aseguró– expusieron a la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, en una reunión que sostuvieron hace un mes, tras el asesinato de su colega Emilia Ortega Aceves, también en Tijuana.

“Nosotros fuimos muy claros y le dijimos que no confiábamos en la autoridad, que no confiábamos en la Secretaría de Seguridad ni en la Fiscalía, y seguimos sosteniendo lo mismo”, detalló.

Finalmente, refirió que los cargos públicos deben ser ocupados por personas que estén capacitadas y que tengan intención de hacer su trabajo, sobre todo en las áreas de seguridad e investigación de delitos; “si no están capacitados o no quieren hacer su trabajo, es preferible que se vayan”, afirmó.

Por su parte, la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Zona Costa, condenó el asesianto del abogado Pérez Anguiano-Scully, a quien calificaron como un distinguido profesionista en la materia.

A través de un comunicado, señalaron que agredir a un abogado representa un ataque directo contra la justicia y quienes defienden los derechos fundamentales y el orden constitucional.

Exigieron a las autoridades esclarecer de manera inmediata el caso, realizar una investigación imparcial y exhaustiva, así como aplicar la ley a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Pérez Anguiano.

La Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” denunció que el homicidio del abogado penalista refleja que el sistema de seguridad ha fallado, sobre todo en la prevención de los delitos, la que –dijeron– es su “obligación más básica”.

Su presidenta, Estefanía Campos García, señaló que la violencia y la impunidad dañan la confianza en las instituciones, y representan una forma de violencia institucional que no es compatible con un Estado de Derecho. 

De la misma forma, el colegio Emilio Rabasa se unió a la demanda de información clara y concreta de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las investigaciones por el homicidio de Arturo Pérez Anguiano.

Cuestionaron que aún no se hayan realizado cambios en los mandos de la Fiscalía en Tijuana, pese a que en otras áreas y municipios recientemente se han hecho relevos de funcionarios pese a ser fechas “inusuales y cuestionables”.

Información de Agencia Fronteriza de Noticias