Recibe Senado plan B de reforma electoral

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El plan B busca reducir privilegios en congresos locales y municipios, así como ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

México.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, acompañada de los coordinadores parlamentarios de Morena y el PT, recibió el llamado plan B electoral, por parte del enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

A puerta cerrada, se realizó el acto protocolario que se programó de último minuto.

Al recibir el plan B, la presidenta Castillo destacó que esta es una reforma trascendental y confío en que sea aprobada por la mayoría de los legisladores.

De acuerdo con el documento presentado este martes por la mañana, la reforma constitucional contempla la reducción de costos y privilegios y que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República.

Además, amplia los periodos para solicitar la revocación de mandato y no modidica la fecha de la elección judicial.

También reduce número de regidurías de siete a un máximo de 15, además de limitar a una sindicatura por municipio.

El tope presupuestal será del 0.7 por ciento del presupuesto para los congresos estatales y los ahorros irán a obras de infraestructura pública.

Asimismo, se propone que funcionarios electorales de los estados no podrán ganar más que la Presidenta. Además, se eliminarán bonos y seguros, así como ingresos adicionales. 

En el caso del Senado, se acordó una reducción de gasto progresivo hasta llegar al 15 por ciento.

Presidenta podrá promover el voto a su favor en revocación de mandato con plan B

El plan B electoral contempla modificaciones para que la persona sujeta a la revocación de mandato pueda difundir el proceso y “promover el voto a su favor”, ya que sólo el Instituto Nacional Electoral podría promocionar dicho ejercicio.

El documento establece en su exposición de motivos que la revocación de mandato tiene como objetivo “permitir la evaluación democrática del ejercicio del poder público, y, su resultado es la expresión directa de la voluntad popular respecto de la continuidad o conclusión del mandato conferido”.

Además, destaca que con el objetivo de disminuir los costos de operación y organización, así como el agotamiento de la ciudadanía, “se propone ampliar el periodo de solicitud de la revocación de mandato, a fin de que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del ejercicio del mandato”.

Con ello, en caso de que se apruebe el plan B, este ejercicio se podría realizar en 2027 y no en 2028, como marca actualmente la ley.

Destaca que uno de los aspectos más complejos del procedimiento de revocación de mandato radica en que su promoción y difusión como instrumento democrático “han sido prácticamente nulas”. Se señala que se reconoce el derecho de la persona servidora pública a expresar libremente sus ideas y opiniones.

La revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional.

Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos у ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio.

Además, “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

Asimismo, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato.

También se establece que durante los 60 días anteriores a la jornada para la revocación de mandato deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Recorte en Senado

De acuerdo con los artículos transitorios de la iniciativa, a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de dicho periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento en términos reales, respecto del presupuesto base vigente para el ejercicio fiscal 2026.

Y aclara que la reducción no podrá afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables.

Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto.

La Cámara de Diputados y las legislaturas de las entidades federativas garantizarán que los presupuestos de los entes públicos y autoridades electorales federales y de las entidades federativas se ajusten a lo previsto y realizarán en cada ejercicio fiscal los ajustes necesarios a los presupuestos que integren, previo a su aprobación.

Asimismo, el órano del palacio de San Lázaro, en el Presupuesto de Egresos que corresponda, hará los ajustes necesarios para cumplir con la ley, por lo que se refiere a congresos de las entidades federativas y ayuntamientos.

Información tomada de Milenio