La Fuente

#Yuri contrata a sus familiares en el iee #Quiere pero no puede corral #Ley del fiscal carnal no pasa

  • Por Editor R
#Yuri contrata a sus familiares en el iee #Quiere pero no puede corral #Ley del fiscal carnal no pasa

GRAN consternación produjo el deceso, muy sentido, del Notario Público Número Siete, que estaba asentado en Ciudad Juárez. Jaime Delgado Lara fue estudiante de Derecho en la hoy Facultad de la Uach en la materia. Asimismo, integró El Grupo de Los Nachos, que tanta lata diera a las autoridades universitarias en aquellos años. El Coco Leonel Reyes, amigo de Jaime, igualmente nacho y distinguido personaje de la política estatal, escribió a modo de amistoso epitafio, el texto siguiente. “Siempre de agradable sonrisa, un guero a quien le sobraba prietud. La primer baja de los que alguna vez fuimos los Nachos, Presidentes de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho de la UACH. Fuimos 7. No opera la prelación ni los presagios. Un abrazo hasta la eternidad”. Delgado Lara, el Notario Público Número Siete, sustituyó en la Presidencia de la Sociedad de Alumnos de Derecho a Jaime García Chávez, cuando éste fue destituído del cargo por ineficiente.

DICEN que a Yuri Zapata le afectó tanto tanto la revocación de su mandato al frente del Instituto Estatal Electoral, que anda demasiado raro. No se quiere ir del IEE, habla solo y murmura cosas ininteligibles, aseguran, que hasta miedo provoca. Sin embargo, otros afirman que no hay loco que coma lumbre y que el Yuri se trae ese amasijo por andar haciendo sus transas antes de que le notifique y le pongan de patitas en la calle. Antes de despedirse, se puso a contratar amigos y familiares en el instituto, con el objeto de dejarlos amarrados con plazas seguras y un sueldazo de envidia. Por ejemplo, se dice que contrató y en algunos casos recontrató a Daniela Zapata, Yolanda Leos, Rosita Chávez y Larisa Leos. Rosita es la esposa del abogánster García Chávez, el paladín de la justicia que quiere cambiar la corrupción en el estado sin tocar al Gobernador y menos a sus familiares que han pasado a engrosar la burocracia. Trabaja en la Dirección de Educación Cívica del mismo organismo local electoral. He ahí las pruebas de que, efectivamente, favoreció a su tío incómodo, después que éste le ayudara, por medio de El Paisita, a ocupar la Presidencia del IEE.

HAY todo un entramado político detrás de la iniciativa de ley sin nombre que empezó a circular hace algunos días sobre la fiscalía general del estado. Ciertamente, hacerla autónoma, independiente e imparcial, constituye una añeja demanda de los especialistas en derecho. El Fiscal Autónomo duraría seis años en el cargo y sería electo en el segundo de la administración estatal, con el objeto de que quedara traslapado con ésta y evitara ser aplastado por el peso del poder político. Eso constituye una falacia, pues en su segundo año, cualquier Gobernador se encuentra en el clímax de su poder político. Debieron haber colocado como año de su elección el cuarto o el quinto de la administración estatal, para que el Fiscal Autónomo no fuera sujeto ya de los vaivenes de la política. Además, debieron considerar que fuera un cargo de elección popular, por una parte, y por la otra que se convirtiera en un órgano colegiado para evitar que en manos de una sola persona fuera concentrado el poder de perseguir el delito. Moverle por moverle, sin tener clara la arquitectura jurídica necesaria para obtener realmente un funcionamiento autónomo de la institución, no conseguiría ningún resultado.

POR si fuera poco, la comezón se siente feo cuando se lee el artículo cuarto transitorio, debido a que se prolongaría, de ser aprobada esa iniciativa, el período del actual fiscal, o seáse, de El Penychón. Reza el citado transitorio: “El primer nombramiento de la o el Fiscal General del Estado conforme al procedimiento señalado en el artículo 121 de esta Constitución reformada por el presente Decreto, iniciará al día siguiente en que el titular del Poder Ejecutivo concluya su segundo año de gobierno. En ese sentido, quien ostente la Titularidad actual de la Fiscalía General del Estado seguirá en el cargo hasta en tanto se realice dicho nombramiento”. El telenovelón que se produjo con ese transitorio es digno de profundizar en las revolcadas aguas de la política electoral. Luego entonces, sería menester, antes que nada, formularse las clásicas interrogantes para empezar a comprender cualquier fenómeno político: a) ¿A quién beneficia? B) ¿A quién perjudica? A partir de estas respuestas, puede dar inicio un severo análisis para sacar al ahogado de la presa y ver su anatomía política. Es obvio que existen intereses entremezclados que parten de la sucesión estatal y del resultado electoral del seis de junio próximo. El hecho de circular la iniciativa con cargo a un grupo de diputados sin nombre, revela el interés por tantear el tema, ocultar la verdadera autoría de la iniciativa y enviar el mensaje a la siguiente administración. Pero nadie debe asustarse: este asunto es semejante al nombramiento del fiscal Anticorrupción que intentó César Duarte.

LA VERDAD de las cosas es que este congreso pasará a la historia por agachón y arrodillado. Ha sido una pobrísima legislatura, sumisa y plegada a las órdenes del tirano. A los diputados locales les ha faltado valor para servir como contrapeso del Gobernador. No han dado dignidad al cargo y se han limitado a buscar la supervivencia, política y económica, propia. Es denigrante ver cómo han trabajado solamente en sus afanes reelecionistas y han olvidado su deber de representación. No han ejercido las prerrogativas, a guisa de ejemplo, que les otorga la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Por ejemplo, el derecho de cuestionar, que les obsequia el artículo 66 de la más elevada carta local de derechos. Si les interesaran los asuntos públicos del estado y la eficiencia del gobierno estatal, bien podrían haber formulado preguntas a través del poder legislativo tanto al Gobernador, como al Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, o cualquier otro Secretario. Es más seguro que ni siquiera conozcan este derecho consagrado en la Constitución local. Los diputados, ni digamos fracciones parlamentarias, se han limitado a concursar para ver quién es más abyecto y ruin, plegado a los intereses de Corral, que otra cosa. Ha habido honrosas excepciones, cierto, y eso merece un comentario aparte, pero no han sido el común del ejercicio legislativo.