Chihuahua.- La reciente concesión de un amparo federal a favor de Mónica Vargas Ruiz derivó en una controversia pública luego de que un despacho jurídico asegurara haber llevado originalmente su defensa en el caso relacionado con una sanción administrativa.
A través de redes sociales, representantes de Trusan & Roma, Abogados, afirmaron que fueron quienes promovieron el amparo, aunque señalaron que antes de emitirse la sentencia fueron removidos como abogados de la exfuncionaria. Además, acusaron a Vargas Ruiz de no cubrir honorarios por los servicios prestados.
Durante la discusión, también surgieron señalamientos sobre un presunto conflicto de interés, debido a una supuesta relación personal entre una funcionaria del Órgano Interno de Control y uno de los abogados vinculados al caso. El despacho rechazó dichas acusaciones y sostuvo que la resolución fue emitida por la justicia federal.
Por su parte, Mónica Vargas Ruiz negó haber acordado el pago de honorarios y cuestionó la actuación de los abogados.
