Súmate a nuestro Canal de Difusión en WhatsApp
Chihuahua.– El diputado de Morena, Óscar Avitia Arellanes, llevó a tribuna el caso de Ninfa Jaqueline Monserrath Márquez González, una madre soltera, trabajadora y activista social sin antecedentes penales, quien permanece en prisión preventiva acusada del presunto robo de pelucas en Ciudad Juárez.
El legislador acudió acompañado por un grupo de personas que exigieron la liberación de la mujer y señaló que, durante la audiencia de vinculación a proceso, la propia jueza reconoció que persistían dudas relevantes sobre su participación en los hechos, lo que, desde su perspectiva, hace aún más cuestionable la severidad de la medida cautelar impuesta.
Avitia estableció un contraste con el caso de Luis Fernando E. I., quien el pasado 28 de agosto ocasionó un accidente vial con saldo mortal cerca del Hospital Ángeles. De acuerdo con lo expuesto por el legislador, el imputado conducía presuntamente bajo los efectos de cocaína y anfetamina, circulaba desnudo y a exceso de velocidad y, además, intentó darse a la fuga.
Aunque inicialmente se le dictó prisión preventiva, el juez Juan Pablo Campos modificó posteriormente la medida por resguardo domiciliario con brazalete electrónico, prohibición de salir de la ciudad y de conducir, así como exámenes toxicológicos semanales, bajo el argumento de condiciones de salud del imputado.
El legislador expresó: “No fue posible entender que a esta persona que ocasionó un accidente mortal presuntamente intoxicada, se le impusieran medidas cautelares de menor impacto que las impuestas a una madre soltera, trabajadora y activista social, sin antecedentes penales, y de quien incluso durante la audiencia de vinculación a proceso, según la misma juez, persistían dudas relevantes sobre su participación”.
Avitia calificó el trato diferenciado como “un contraste cruel” y cuestionó que, mientras existen dudas sobre la participación de Ninfa Márquez y permanece en prisión preventiva, el imputado por el accidente en el que murió un adulto mayor de 63 años lleve su proceso bajo resguardo domiciliario.
El caso ha generado polémica social y el diputado solicitó formalmente al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, revisar el actuar de las autoridades y el debido proceso en ambos asuntos.
La decisión de sustituir la prisión preventiva por resguardo domiciliario en el caso del Hospital Ángeles también ha sido cuestionada por otros coordinadores parlamentarios, quienes han señalado que el Tribunal de Disciplina Judicial debe atender las inconformidades ciudadanas.
Avitia concluyó que, desde su perspectiva, la justicia debe aplicarse con igualdad, sin importar el origen social o económico de las personas involucradas.