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Juárez, Chih.- Una denuncia ciudadana interpuesta originalmente en abril de 2021 por la organización civil Plan Estratégico de Juárez ante la Contraloría Municipal, derivó en una sanción contundente por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), organismo que decretó la inhabilitación por el periodo de un año para cuatro exintegrantes del Ayuntamiento de Juárez debido a anomalías en la gestión de suelo urbano.
El dictamen judicial, asentado dentro del expediente 014/2025-4-PRA con fecha del pasado 8 de junio, recayó directamente sobre los exregidores Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres, José Guadalupe Ávila Cuc y Enrique Torres Valadez. Dichos exfuncionarios formaron parte activa de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios durante el trienio encabezado por el exalcalde Armando Cabada (2018-2021).
Con esta resolución, los señalados quedarán completamente impedidos para ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el sector público, así como para concursar en licitaciones de obras o servicios del Estado durante los próximos doce meses.
De acuerdo con información emitida por medios de comunicación locales, el TEJA determinó que los exregidores incurrieron en una falta administrativa grave al avalar Transferencias de Potencial Urbano (TPU) omitiendo la revisión de las normativas legales vigentes.
El tribunal señaló que esta conducta encuadró en la figura de desvío de recursos públicos, tipificada en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajo el marco de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible de Chihuahua, los desarrolladores inmobiliarios están obligados a donar de forma gratuita un promedio del 6% de su terreno para áreas verdes e infraestructura vecinal; no obstante, el mecanismo de TPU permite sustituir esta obligación mediante la rehabilitación de otros espacios en la ciudad, siempre y cuando se cumplan ciertos lineamientos.
La resolución judicial expuso que, al dar luz verde a las transferencias sin verificar el cumplimiento real de las permutas, la comisión de regidores propició que el Municipio juarense dejara de percibir los bienes espaciales que le correspondían por derecho, lo cual afectó de forma directa el equipamiento urbano de las colonias afectadas.
Cabe destacar que, dentro de la misma indagatoria, se exoneró de la falta administrativa al exregidor Eduardo Fernández Sígala, toda vez que el tribunal determinó que no existieron pruebas fehacientes o testimonios que demostraran, que el indiciado hubiera emitido un voto a favor de dichas autorizaciones irregulares.