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Chihuahua, Chih.– Tras la reciente declaratoria de validez de la Reforma Electoral en el estado de Chihuahua, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto, advirtió que el órgano administrativo ha perdido la facultad legal para emitir acciones afirmativas.
La funcionaria electoral explicó que, debido a las modificaciones legales aprobadas por el Congreso local, se retiró formalmente al Instituto la capacidad de interpretar o aplicar de manera extensiva las normas previstas en la materia, lo que les impide diseñar y proponer mecanismos directos de protección para asegurar la participación política de sectores vulnerables.
En ese sentido, Durán Prieto detalló que, aunque el IEE siempre ha supeditado su actuar a la literalidad de los marcos jurídicos vigentes, la prohibición expresa dentro del nuevo paquete electoral para realizar interpretaciones análogas genera un impacto directo en los procesos de inclusión.
Detalló que la trascendencia de esta reforma radica en que se acota la amplitud institucional que anteriormente poseían para salvaguardar y garantizar los derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria o históricamente vulnerados, tales como los integrantes de las comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual (LGBTTQ+) y ciudadanos que viven con algún tipo de discapacidad.
Finalmente, la presidenta del órgano electoral recordó que, previo a esta actualización legislativa, dichos sectores de la población no se encontraban contemplados de forma explícita dentro de la ley electoral del estado.
No obstante, al otorgarles ahora una vía de representación regulada en los diferentes niveles de gobierno, el IEE queda jurídicamente imposibilitado para emitir nuevas acciones afirmativas que busquen subsanar posibles vacíos o lagunas que pudieran subsistir en el marco normativo constitucional y convencional, limitando su labor estrictamente a lo mandatado por la letra de la ley.
Advierte IEE freno a regidurías indígenas en 34 municipios por reformas
Yanko Durán Prieto, profundizó en las afectaciones de la reciente reforma electoral, advirtiendo que este nuevo marco jurídico impedirá de forma definitiva que el órgano local pueda ampliar la representación política de los pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y la población LGBTTTIQ+.
Al haber perdido la atribución para emitir lineamientos de acciones afirmativas, el instituto se verá imposibilitado para robustecer las cuotas de inclusión, un mecanismo que durante el pasado proceso electoral 2023-2024 sirvió para obligar, por ejemplo, a 34 ayuntamientos del estado a incluir de manera obligatoria una fórmula de regiduría indígena dentro de sus plantillas, una medida que dejará de aplicarse con la vigencia de la nueva legislación.
Durán Prieto puntualizó que la reforma aprobada por el Congreso del Estado contempla únicamente un porcentaje mínimo del 2% para la postulación de personas pertenecientes a la población de la diversidad sexual o con alguna discapacidad. No obstante, detalló que dicho porcentaje se estableció bajo un criterio de alternatividad, lo que significa que los partidos políticos tendrán la libertad de optar por postular a integrantes de uno u otro grupo de atención prioritaria para cumplir con el requisito, sin estar obligados a cubrir ambos.
Asimismo, lamentó que la nueva legislación no mandate la obligatoriedad de realizar estas postulaciones en municipios específicos con alta presencia de estos sectores, dejando la asignación territorial a la total discreción de las fuerzas políticas, lo que reduce drásticamente las posibilidades reales de que estas candidaturas accedan a cargos de elección popular.
Ante este panorama, la titular del IEE reconoció que el instituto se encuentra prácticamente con las manos amarradas, viéndose obligados a detener o dar marcha atrás al trabajo avanzado que ya se tenía estructurado en la materia.
Finalmente, Yanko Durán expresó su expectativa de que los partidos políticos muestren voluntad democrática y no se limiten a cumplir meramente con el porcentaje mínimo previsto en la ley, abriendo espacios de manera voluntaria para que estas personas accedan efectivamente a puestos públicos, aunque sentenció que el verdadero impacto y los posibles retrocesos de esta reforma solo podrán evaluarse de manera certera una vez concluido el próximo proceso electoral en la entidad.
