Ven expertos viable reúso de armas del crimen para policías

Ciudad de México.- En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hay escepticismo de que pueda progresar la propuesta informal del gobernador de Sonora Alfonso Durazo para reciclar entre las fuerzas policiales de México las miles de armas incautadas al crimen organizado, que implicaría modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento. 

Funcionarios de la Sedena confirmaron ayer a Excélsior que Durazo aún no había enviado una propuesta formal de lo que el mandatario estatal dijo el pasado viernes 20 de mayo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el general secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval. 

También, el gobierno de Sonora informó que en el despacho del Durazo no hay nada formal sobre el tema, que solamente lo dicho en la mesa estatal de seguridad de Sonora, en el sentido de que, “...de ser armas nuevas (las armas incautadas, como las de Navojoa), que no han sido utilizadas, que no tienen historia, pudieran, previo proceso con la Secretaría de la Defensa Nacional, destinarse a algunos cuerpos municipales”. 

Emilio Vizarretea, profesor e investigador en el Colegio de Defensa Nacional, el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, el Centro de Estudios Superiores Navales y del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, estimó como viable la propuesta de Durazo. 

Dijo que sería a través de la Cámara de Diputados, aunque señaló que “para modificar la legislación vigente, las condiciones son un poco difíciles, porque no hay esos controles que había en la legislatura pasada; sin embargo, puede ocurrir, y eso sí es factible que hubiese un decreto del Ejecutivo, aprovechando los buenos oficios y las buenas relaciones del gobernador Durazo que tuvo en el pasado reciente y que mantiene aún con los titulares de Defensa y de Marina y que hicieran una propuesta al Ejecutivo y que el Ejecutivo hiciese el decreto”. 

De acuerdo con las más recientes cifras del Gobierno de la República se han incautado más de 235 mil armas en los últimos trece años. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 se decomisaron 20 mil 685; 21 mil en 2020 y en 2021, 23 mil. 

De acuerdo a los cálculos de los decomisos hasta ahora hechos en lo que va de este año, más el flujo de armas que llegan de Estados Unidos, se calcula que la incautación para este 2022 será de 28 mil armas ilegales. 

Solamente a principios de marzo pasado en Navojoa, Sonora, se hizo un decomiso histórico: La Sedena informó que, en cateo de distintos inmuebles, sus efectivos lograron asegurar 2 millones 829 mil 950 cartuchos de diversos calibres, 14 mil 722 cargadores para armas de diversos tipos, así como 128 armas largas de diferentes calibres. 

También se incautaron 38 armas cortas, 19 ametralladoras, una subametralladora y 6 fusiles calibre .50. En la misma acción los soldados encontraron 100 placas balísticas, 89 granadas (práctica color azul), 54 fornituras, 12 chalecos tácticos. 

En contrapunto a Vizarretea, el analista en temas de seguridad, Javier Oliva, señaló que la del gobernador Durazo “es una muy mala idea, porque son armas adquiridas de manera ilegal, y no puedes tener algo ilegal para hacerlo legal; es como decir: vamos a torturar a los delincuentes porque ellos han torturado”. 

En opinión de Oliva, la propuesta lanzada por Durazo “contradice lo que había dicho el secretario de la Defensa Nacional, que se estaba estudiando la posibilidad de que Industria Militar fabricara armas para la policía”. 

Oliva estimó que la propuesta del exsecretario de Seguridad Ciudadana del primer tramo de la administración de López Obrador fue hecha “desde una perspectiva de no gastar más dinero, es una muy mala idea, deja de lado consideraciones de carácter ético: son armas que han matado a civiles, o se han utilizado para delinquir, entonces, imagínate a un policía de Cajeme, por hablar de Sonora, que le den un arma que fue utilizada en dos eventos delictivos...” 

Además, apuntó Oliva, que los pertrechos para esas armas se convertirían en un problema, “el calibre que utilizan esas armas se tiene que comprar en el extranjero, eso sería contraproducente, cómo un arma sin municiones o unas municiones sin armas, se tiene que contemplar ese punto”. 

El proceso por el que pasa un arma incautada, según informaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Sedena, es complejo. 

Una vez que se incautan se da vista al Ministerio Público, que a su vez las pone a disposición de un juez, siempre bajo el resguardo de la Sedena. 

En un primer momento, elementos de la Defensa Nacional inhabilitan las armas en sus partes vitales, el cañón, los cerrojos, la caja de mecanismo y después se funden en algunos casos. 

Explicaron en la Sedena que mientras la situación de las armas no es liberada por el juez de la causa, permanecen en los depósitos a disposición del juez y bajo resguardo del Ministerio Público Federal; y una vez que se decide su destino final se destruyen, ése es el procedimiento, inclusive las armas de uso exclusivo del Ejército. 

Para que un arma incautada pueda quedar liberada para su destrucción pueden pasar meses y hasta años; en ese tiempo se investigan todos los pormenores sobre ella y en qué crímenes fue utilizada. Pero se hace arma por arma, no en lote como fueron incautadas. 

Emilio Vizarretea sostuvo que la propuesta de Durazo “es buena, sin embargo, existe la suficiente normatividad aún para dar cuenta de esa propuesta; por ejemplo, las armas que son incautadas en flagrancia o que se transforman en evidencia quedan bajo resguardo del MP y no es tan sencillo hacer ese tránsito de ‘ya las incautamos, las tiene el MP y bueno, hay que pasarlas para el reciclado y buen uso por parte de la policía’, ése es el primer tema. 

“Si son incautadas en confrontación con la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas, vamos a suponer, el problema real, de fondo, es que la ley establece que tendría que pasar directamente a la Guardia Nacional y en segunda instancia, si son armas de alto poder, pues a la instancia que posee la Sedena. 

Es decir, en este momento existe una normatividad que regula este tipo de acción, que presenta el gobernador”, dijo Vizarretea. 

De acuerdo con este especialista en la materia de las fuerzas armadas, para que tuviera más y mejor efecto un decreto presidencial en el caso del reúso de las armas incautadas al crimen, “se tendría que acotar su utilización, por ejemplo, quiénes usarían esas armas, para qué policías; para los grupos que están asentados en Sonora, por ejemplo, que es la propuesta del gobernador Durazo”. 

Señaló que hay que recordar que en términos jurídicos mientras más específica sea la situación es mucho más fácil que un decreto presidencial atienda el señalamiento, y comparó el eventual decreto sobre las armas con el decreto- acuerdo del tema del litio, “guardando las diferencia, se puede sí, para Sonora, si establece que donde haya conflicto mayor, por lo que ocurre en algunos estados también se podría hacer, pero sería más complicado si va más allá de Sonora”. 

Temen usar sus armas por Castigos

México es el único país donde sus policías y Fuerzas Armadas tienen temor de utilizar sus armas para enfrentar a la delincuencia, debido a que son observados, fiscalizados y supervisados por mecanismos externos que les amarran las manos y no les permiten la aplicación de la ley, la cual no debe negociarse, sino aplicarse. 

Durante la presentación del Informe La situación de las Policías en México, realizado por la organización civil Causa en Común, el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis, aseguró que la ley no es negociable y debe de aplicarse. 

Resaltó que los policías municipales, estatales, ministeriales e incluso los elementos de las Fuerzas Armadas, tienen permitido utilizar su arma de cargo contra las personas que los agredan; sin importar que éstos sólo tengan un arma blanca. 

“Estos mecanismos externos de supervisión hacen que le tengamos terror a aplicar los protocolos de uso legítimo de la fuerza; ésta se puede utilizar, un policía puede accionar su arma, sí o sí, aunque la persona que esté enfrente sólo tenga un cuchillo, sí la puede utilizar, apegados a protocolos y aquí se ha publicado el protocolo y existe la ley, pero muchos de estos mecanismos externos se han pervertido y el resultado es que nuestras y nuestros compañeros tengan terror a utilizar su arma”.  

Durante su participación, el secretario mexiquense de Seguridad destacó que hay una narrativa negativa de los mecanismos que se han corrompido en los últimos años en contra de las corporaciones policiacas que tiene a los elementos con las manos atadas. 

“El problema es que seguimos hablando de voluntad política, la ley no debe de negociarse, la ley se aplica, no es un tema de voluntad política, tenemos que construir instituciones; es decir, independientemente de quién esté a cargo de la seguridad”. 

México es el único país del mundo donde sus corporaciones policiacas tienen múltiples insuficiencias y deficiencias resultado de un abandono institucional crónico, generalmente caracterizado por presupuestos insuficientes y mal ejercidos; condiciones laborales abusivas; y brechas crecientes entre sus procesos de desarrollo, su realidad operativa y las leyes que los rigen. 

Tomado de Excélsior.