Juárez

Rechazan directivos del Instituto Tesla fallo por más de 20 mdp

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Ciudad Juárez..- Directivos del Instituto Tesla de Ciudad Juárez ofrecieron este lunes una conferencia de prensa para fijar una postura oficial respecto a la sentencia civil emitida en contra de la institución educativa, la cual la obliga al pago de más de 20 millones de pesos a favor de un exalumno señalado por presuntas conductas de agresión, acoso y otros comportamientos que afectaron a integrantes de la comunidad estudiantil.

La comparecencia fue encabezada por las maestras Ámbar Nafarrate y Verónica Suchil, representantes legales y académicas de la institución, quienes calificaron la resolución judicial como "desproporcionada" y aseguraron que deja en estado de indefensión tanto a las víctimas como al personal docente que actuó bajo protocolos de protección escolar.

Durante el encuentro con medios de comunicación, las directivas sostuvieron que los hechos que dieron origen al conflicto se remontan a mayo de 2022, cuando más de 20 estudiantes denunciaron conductas agresivas atribuidas al entonces alumno, situación que llevó a la institución a tomar medidas internas para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

Según explicaron, la escuela no promovió la demanda civil que derivó en la sentencia, sino que únicamente informó a los padres de familia sobre las opciones legales que podían ejercer ante los hechos denunciados.

"Nosotros desconocemos esa situación porque como escuela tenemos la obligación de informar cuando algo está ocurriendo”.

“No fuimos quienes presentamos la demanda; únicamente notificamos a los padres que podían actuar de la manera que consideraran adecuada", expresaron.

Las representantes del Instituto Tesla señalaron que el caso fue resuelto por el juez José Chaparro, adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil, y reiteraron que las decisiones adoptadas por la escuela estuvieron sustentadas en el reglamento interno de la institución, documento que, afirmaron, fue firmado previamente por los padres de familia y posteriormente presentado como prueba dentro del proceso judicial.

Defienden actuación institucional

Las directivas explicaron que, tras recibir múltiples señalamientos por parte de alumnas y alumnos, la institución decidió separar al estudiante involucrado y ofrecer alternativas a su familia, acciones que consideran acordes a sus responsabilidades como centro educativo.

Indicaron que las denuncias no provinieron de una sola persona, sino de más de 20 estudiantes, aunque reconocieron que muchas de las víctimas optaron por no participar directamente en el proceso debido al impacto emocional que les generó revivir los hechos.

"De más de 20 víctimas, únicamente cinco aceptaron inicialmente participar”.

Sin embargo, varias nos manifestaron que no podían enfrentar nuevamente a quien consideran su agresor. “Algunas señalaron que la situación les provocó ansiedad y afectaciones emocionales que les impedían comparecer", señalaron.

Las docentes insistieron en que obligar a las víctimas a rendir testimonios habría significado exponerlas nuevamente a experiencias traumáticas, por lo que optaron por privilegiar su bienestar emocional.

Cuestionan ausencia de protocolos homologados

Otro de los puntos expuestos durante la conferencia fue la falta de protocolos homologados para atender situaciones de violencia y acoso en instituciones de educación media superior.

Las representantes del Instituto Tesla relataron una serie de reuniones sostenidas durante los últimos años con autoridades educativas y organismos de derechos humanos para solicitar claridad sobre los procedimientos institucionales que deben aplicarse en este tipo de casos.

Explicaron que han realizado gestiones ante la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, incluyendo encuentros con funcionarios como Maurilio Fuentes, Guadalupe Rodríguez y el subsecretario Roberto Anaya Moreno.

De acuerdo con su versión, durante dichas reuniones se reconoció la necesidad de homologar protocolos para la atención de situaciones de violencia escolar; sin embargo, señalaron que actualmente no existen lineamientos específicos para el nivel medio superior, lo que genera incertidumbre entre las instituciones educativas.

Las directivas afirmaron que esta carencia ha persistido durante años pese a múltiples solicitudes formales y consideraron que la falta de coordinación entre las distintas instancias ha dificultado la implementación de mecanismos claros para la protección de estudiantes y docentes.

Dificultades financieras para la defensa legal

Las representantes del plantel también manifestaron preocupación por las consecuencias económicas derivadas de la resolución judicial.

Indicaron que la institución enfrenta limitaciones financieras para contratar despachos especializados que puedan asumir la defensa del caso, particularmente ante una condena que supera los 20 millones de pesos.

"No contamos con los recursos suficientes para sostener un bufete de abogados a nuestro servicio”.

“Hemos buscado apoyo, pero muchas de las propuestas que nos presentan requieren aportaciones económicas que simplemente no podemos cubrir", expresaron.

Asimismo, señalaron que la situación financiera del plantel se ha visto afectada durante los últimos años, lo que complica aún más enfrentar un litigio de estas dimensiones.