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Niega Jueza libertad a Schultz por un testigo torturado por Feadle

  • Por Guadalupe Lizárraga
Niega Jueza libertad a Schultz por un testigo torturado por Feadle

Por: Guadalupe Lizárraga / Los Ángeles Press.

- La jueza María Elena López Morales validó una declaración de testigo torturado por la FEADLE, para mantener preso al exalcalde Hugo Amed Schultz.

- El caso contra Hugo Amed Schultz evidencia cómo el sistema de justicia, con apoyo de organizaciones como Propuesta Cívica y la FEADLE, puede utilizar testigos torturados para fabricar culpables y distorsionar el sentido de justicia en el asesinato de Miroslava Breach.

- Schultz fue obligado a aceptar el juicio abreviado bajo amenazas contra su familia proferidas por Iris Gabriela Santoyo Cuervo, la misma agente de la FEADLE que ordenó la tortura de Édgar Salazar Gaxiola.

 

La jueza María Elena López Morales selló un capítulo más en la historia de fabricación de culpables en Chihuahua. Al negar la libertad condicionada a Hugo Amed Schultz Alcaraz —por considerar que representa un riesgo latente para las víctimas indirectas del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea—, legitimó las inconsistencias de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el respaldo de Propuesta Cívica, la asociación civil propiedad de Sergio Aguayo y vinculada al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javier Corral Jurado.

La decisión de la jueza se sustentó en el testimonio de Édgar Salazar Gaxiola, un testigo protegido identificado con la clave “Apolo”, cuya primera declaración —según consta en registros judiciales— fue obtenida bajo tortura por parte de la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, en 2019. Salazar fue detenido por un caso de extorsión y mantenido en prisión durante dos años, de los cuales al menos seis meses en aislamiento absoluto. Durante ese tiempo, recibió entre 20 mil y 23 mil pesos mensuales a cambio de declarar en contra de su propio padre, Crispín Salazar Zamorano; de Juan Carlos Moreno Ochoa; y de Hugo Amed Schultz Alcaraz, este último señalado por las víctimas indirectas de amenazas sin ninguna prueba.

Una vez liberado en 2021, Salazar ofreció una entrevista a Los Ángeles Press, en la que describió detalladamente las torturas que sufrió en el Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora. En ese testimonio responsabilizó directamente a los agentes del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y su asistente, Jean Paul Rodríguez Mondragón.

A raíz de esa entrevista, los abogados defensores de Schultz —Manuel Norberto Cortez y Víctor David López Morón— solicitaron la aplicación del Protocolo de Estambul al falso testigo protegido, quien aceptó de manera voluntaria, y cuya gestión que se llevó a cabo el 23 de marzo de 2023 con la intervención del perito psiquiatra Emmanuel Santos Narváez, de la Ciudad de México.

Sin embargo, dos días después, Salazar Gaxiola se presentó también de forma voluntaria en las oficinas de la FGR tras una llamada con Santoyo Cuervo. Allí ofreció una nueva versión, con el fin de continuar recibiendo el apoyo económico que percibía mientras estuvo encarcelado para declarar en contra de su familia y de Schultz.

La nueva declaración, grabada el 25 de marzo de 2025 por los agentes del Ministerio Público Miguel Ángel Jaimez Martínez y David Esteban Solares, duró hora y media, iniciando a las 14 horas. En esta videograbación, Salazar afirmó que su familia —los Salazar— lo había privado de la libertad y lo había obligado a declarar contra los agentes de la FEADLE. Al mismo tiempo, solicitó reiteradamente que se le proporcionara apoyo económico para su seguridad, pues —según dijo— tenía que “moverse” constantemente para evitar ser detenido por sus propios familiares.

Con esta versión, el agente Jaimez Martínez compareció como testigo en la audiencia sobre la libertad condicionada de Schultz y afirmó que la entrevista publicada por Los Ángeles Press había sido obtenida bajo coacción. También aseguró que el abogado defensor de Schultz había privado de la libertad a Salazar para forzarlo a someterse al Protocolo de Estambul, con el objetivo de obtener un dictamen positivo en tortura que involucrara a Santoyo Cuervo y Rodríguez Mondragón.

Según Jaimez Martínez, al tratarse de un posible delito cometido contra el testigo, se dio vista al Ministerio Público de Baja California, con sede en Tijuana, para la apertura de una carpeta de investigación. En su argumentación como testigo de la FEADLE, el agente señaló que Édgar Salazar estaba inscrito tanto en el programa de testigos con identidad reservada como en el programa de protección a testigos. No obstante, en la videograbación del Ministerio Público, Salazar declaró que estaba recibiendo amenazas de muerte. Aunque se dio vista desde 2023, la carpeta de investigación no se abrió sino hasta el 10 de marzo de 2025, siete días después de que se difiriera la primera audiencia solicitada por la defensa de Hugo Amed Schultz para acceder al beneficio de la libertad condicionada.

Durante la audiencia, la jueza López Morales ordenó reiteradamente la reserva de los nombres de Édgar Salazar Gaxiola, de las víctimas indirectas y de la propia víctima directa, Miroslava Breach Velducea, a petición de los asesores jurídicos de Propuesta Cívica. Sin embargo, en contraste, el nombre de la periodista que escribe estas líneas, Guadalupe Lizárraga, fue expuesto públicamente y de manera reiterada tanto por la jueza como por los asesores jurídicos de la asociación civil, refiriendo los dichos de Salazar Gaxiola, cuya videograbación de la FGR revela que su objetivo era obtener beneficios económicos alterando la información conforme a los intereses de la Fiscalía.

Con más de siete horas de deliberación de las partes, el único argumento de la jueza María Elena López Morales para negar la libertad condicionada de Hugo Amed Schultz Alcaraz fue que podría estar influyendo en Salazar Gaxiola, al punto de haberlo inducido a cambiar nuevamente su declaración de 2023. Esa supuesta capacidad de influencia fue considerada un riesgo para las víctimas indirectas, con lo cual resolvió mantenerlo en prisión.