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No hubo sobornos ni favores: abogado de Duarte

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No hubo sobornos ni favores: abogado de Duarte

Chihuahua.- El abogado del exgobernador César Duarte, Héctor Villasana, informó que tras la vinculación a proceso dictada recientemente se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la defensa se encuentra en proceso de reorganización y preparación de la documentación necesaria dentro del caso que sigue la Fiscalía General de la República.

Entrevistado vía telefónica, Villasana señaló que aún es prematuro adelantar qué testigos o medios de prueba se ofrecerán, ya que primero revisan de manera integral la carpeta de investigación para definir la estrategia jurídica. En cuanto al estado de salud del exmandatario, afirmó que se mantiene estable, aunque reconoció que se encuentra intranquilo y preocupado por su situación legal.

“El estado de salud es estable, está bien, aunque evidentemente contrariado por la situación y preocupado por cómo se ha desarrollado este tema”, señaló el defensor, quien agregó que realizarán las gestiones necesarias para que Duarte reciba sus medicamentos y la atención médica correspondiente durante su reclusión.

El abogado rechazó los señalamientos de que el exgobernador haya ofrecido 10 millones de pesos para llevar su proceso en libertad, al afirmar que “son falsos” y que forman parte de una narrativa sostenida desde la administración estatal anterior. Aseguró que no existe sustento jurídico para esas versiones y que sólo buscan manchar el proceso y a las instituciones.

Villasana sostuvo que la permanencia de Duarte en libertad en procesos anteriores no obedeció a favores políticos, sino a resoluciones obtenidas mediante juicios de amparo promovidos durante más de tres años, incluso en contextos donde, dijo, hubo señalamientos de violaciones a derechos humanos por su estado de salud.

Sobre el fondo del caso, el defensor argumentó que existe una duplicidad de imputaciones, al señalar que Duarte fue extraditado por una causa penal relacionada con el desvío de 96 millones de pesos y que ahora se le pretende juzgar nuevamente por los mismos hechos bajo una calificación jurídica distinta en el ámbito federal. No obstante, reconoció que la jueza consideró que se trata de conductas diferentes y que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.

Finalmente, anunció que la defensa impugnará tanto la vinculación a proceso como la medida de prisión preventiva, al considerarla desproporcionada y violatoria de derechos humanos, así como el traslado y reclusión del exgobernador en un penal de máxima seguridad, al asegurar que no existe justificación jurídica para que el caso se radique fuera de Chihuahua.