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Propone Diputado investigar de oficio violencia política de género

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Chihuahua.– Con el objetivo de fortalecer la integridad democrática y proteger el tejido social, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso una iniciativa con carácter de decreto para facultar a las autoridades electorales a investigar de oficio la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como sancionar rigurosamente el uso de discursos de odio en el ámbito público.

Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que la violencia política y los mensajes discriminatorios no solo vulneran derechos individuales, sino que normalizan la denostación y la humillación, fomentando una polarización que pone en riesgo la paz social. Avitia Arellanes destacó que, si bien Chihuahua cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados en la materia, persisten campañas basadas en ataques a la vida personal de las mujeres para mermar sus aspiraciones políticas, lo que hace necesario dotar al Instituto Estatal Electoral (IEE) de herramientas más proactivas.

La reforma propone que la Secretaría Ejecutiva del IEE tenga la obligación de iniciar procedimientos especiales sancionadores de manera oficiosa al detectar conductas que presuman violencia de género.

Este proceso incluye un protocolo de notificación personalísima a la víctima para consultar su consentimiento en la continuación del caso, garantizando en todo momento la confidencialidad y el debido proceso.

Asimismo, se establece que el presunto agresor dispondrá de un plazo de 48 horas para responder a los señalamientos; de lo contrario, se tendrá por aceptada la conducta y el procedimiento seguirá su curso.

En cuanto a los discursos de odio, la iniciativa los define como cualquier comunicación que utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio contra personas o grupos por su origen étnico, género, orientación sexual, religión o discapacidad.

Las sanciones previstas en la propuesta son severas y abarcan desde la cancelación del registro de precandidaturas y candidaturas hasta la reducción de hasta el 50 % del financiamiento público a los partidos políticos que incurran en estas faltas. Además, se contempla la obligatoriedad de ofrecer disculpas públicas y la suspensión inmediata de propaganda violatoria.